El grueso de la Ley 22/2015, de 21 de julio, de Auditoría de Cuentas, entra en vigor hoy, 17 de junio de 2016, según dispone su disposición final decimocuarta. Esta Ley introduce, entre otras, una serie de normas que continúan y profundizan la regulación en materia de gobierno corporativo y transparencia, sumándose así a la reforma de la Ley de Sociedades de Capital y del Código Penal así como a las recomendaciones de la CNMV que han tenido incidencia en esta materia.
Ello no es más que la materialización de una corriente internacional, que empieza a tener bastante relevancia también en España, que sostiene que las buenas prácticas de gobierno, el actuar de conformidad con un código ético y teniendo en cuenta determinados intereses de las personas que pudieren resultar afectadas por la actividad económica que desarrolla una sociedad (empresa), es beneficioso también para ésta.
Aunque entendemos que, con carácter general, las empresas y sus directivos han actuado siempre de forma responsable, y que en la actualidad hay una cierta psicosis con el tema, con las últimas reformas se da una vuelta de tuerca más debido a que en determinados ámbitos económicos e industriales se han realizado actuaciones poco recomendables, algunas de las cuales lo suficientemente graves como para poner en peligro la propia estabilidad del sistema económico. Por esta razón, el conjunto de la sociedad está exigiendo a los Órganos de Gobierno un plus en sus funciones de dirección, lo cual va a determinar una mayor eficacia en su gestión y unos mayores beneficios tanto para la empresa como para el conjunto de la sociedad.
Ello está implicando que los Órganos de Gobierno, especialmente los Consejos de Administración, se profesionalicen y necesiten tener determinados conocimientos que van a ir más allá de las dotes de dirección, puesto que el hecho de que se dirija una empresa con buenas prácticas, la implementación de una cultura ética y la vigilancia para detectar posibles riesgos, son funciones y obligaciones que recaen directamente en los Órganos de Administración, sin perjuicio de que se auxilien de expertos. En España se están dando pasos importantes, pero aún queda trabajo por hacer, puesto que en el The Global Competitiveness Report 2015-2016 elaborado por el World Económic Fórum, los directivos Españoles en materia de eficacia obtienen una puntuación de 4.9, ocupando la posición 54 de un ránking de 140 países. Pero lo más llamativo es que en puntuación estamos más cerca de países como Sri Lanka (5.0), Suazilandia (4.8) o Eslovaquia (4.8), que de países como Suecia (5.8), Sudáfrica (6.1) o Singapur (6.0).
La nota es aún peor en el análisis del comportamiento ético de las firmas, donde España obtiene una puntuación de 3.8 ocupando el puesto 79 de un ránking de 140 países.
España va por el buen camino, los Directivos están haciendo el trabajo, pero aún queda tarea por hacer.
Rivas&Montero Bufete de Abogados
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