Hoy en día son muchas las voces que proclaman que la salud debe ser universal, pública y gratuita. Y ciertamente así lo recoge la OMS, definiendo que se entiende que hay cobertura sanitaria universal cuando toda la población dispone
de los servicios de salud que necesita sin que el pago de esos servicios le cause dificultades económicas. Deben estar cubiertos todos los servicios sanitarios esenciales, con una dispensación de calidad, incluidos la promoción de la salud, la prevención y el tratamiento, la rehabilitación y los cuidados paliativos.
Según lo publicado por la OMS, todo ciudadano deber tener derecho a recibir una medicación de calidad y gratuita (o con el menor precio posible) sea cual sea su dolencia. Pero la realidad es bien distinta; no se debe a que los farmacéuticos seamos personas malignas y oscuras, que nos movemos exclusivamente con fines económicos y que nuestro principal objetivo sea conseguir que nuestras patentes duren lo máximo posible y enriquecernos sin fin, sino por un motivo bien distinto. Detrás de cada patente suele haber aproximadamente unos 20 años de trabajo y esto requiere esfuerzo, tanto personal como económico.
La patente forma parte de la propiedad industrial y por lo tanto de la propiedad intelectual. El proceso mediante el cual un laboratorio farmacéutico obtiene la patente de un medicamento suele ser largo y costoso. La inversión que se realiza en I+D+I es cada vez mayor y son muchas las investigaciones que se quedan en las libretas de laboratorio; eso sin entrar en debates políticos sobre la financiación y los recortes que se han producido en el terreno de la investigación en nuestro país…pero sí, es un proceso muy caro y por lo tanto si queremos que la industria privada siga investigando y sea el motor que consiga desarrollar esos fármacos que todos los días pensamos que ojalá se descubran pronto, seguirá siendo necesario que las patentes se alarguen por lo menos los años necesarios para recuperar la inversión realizada y poder seguir desarrollando nuevos proyectos. Otro tema cercano a este concepto, pero bien distinto, es el uso abusivo de estas patentes, de manera que igual que ocurre con las autopistas y los peajes, una vez que ya ha sido más que recuperada la inversión en su desarrollo, el laboratorio farmacéutico no debe seguir lucrándose mediante modificaciones estructurales farmacocinéticas simples que no ofrecen prácticamente beneficios a la salud pero que les permiten volver a iniciar el periodo de exclusividad y no permitan que salgan a la luz los llamados fármacos genéricos, los cuales son iguales a los anteriores en lo que concierne a la bioequivalencia, lo que nos asegura que el fármaco genérico es equivalente en calidad, seguridad y eficacia con el fármaco patentado y que permiten al ciudadano y al Sistema Nacional de Salud optimizar los costes en relación a los tratamientos.
Debe existir un equilibrio. Un equilibrio entre los intereses privados y los públicos. Es necesario apostar firmemente por la investigación y creación de nuevas patentes en nuestras Universidades y Centros de Investigación, ya que no sólo los laboratorios privados pueden llegar a conseguir estos medicamentos. Un caso especial en el que considero que se pone este hecho de especial relevancia es el caso de los “medicamentos huérfanos”. Estos son aquellos medicamentos destinados a tratar enfermedades raras o enfermedades que no tienen la prevalencia necesaria para que sean atractivos para la industria farmacéutica, ya que normalmente, nunca se llega a recuperar el capital invertido en su investigación y por lo tanto no son rentables en términos económicos. Es aquí cuando el proceso de patente de un medicamento está condicionando claramente la calidad de vida de las personas, y es aquí cuando es más necesario un sistema de sanidad público, de calidad y gratuito.
Dra. Marta Mosquera Parrado
Farmacéutica especialista en análisis clínicos